Lockheed Martin acordó pagar alrededor de US$ 29,5 millones para resolver acusaciones federales de que discriminó a empleados blancos mediante un programa de compensación y certificó falsamente que cumplía las leyes federales de derechos civiles. El Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo anunciaron el miércoles el acuerdo, que consta de dos partes.

El acuerdo destina US$ 22 millones al Gobierno de Estados Unidos por presuntas infracciones de la Ley de Reclamaciones Falsas. Alrededor de US$ 7,5 millones se entregarán a más de 1.000 empleados como parte de la resolución de las acusaciones de que la empresa infringió el Título VII de la Ley de Derechos Civiles mediante discriminación racial.

El caso se refiere a un programa de «aumento adicional de compensación» introducido en 2021. Este otorgaba un aumento salarial adicional al 20 % de los empleados mejor posicionados de cada área de negocio, por encima del aumento anual para toda la empresa. El Gobierno alegó que el personal de recursos humanos presionó a los directivos para que retiraran del programa a empleados que no pertenecían a minorías y que habían sido seleccionados inicialmente, y los sustituyeran por empleados pertenecientes a minorías.

La Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo describió el acuerdo como el de mayor alcance en cuanto al número de trabajadores que han recibido públicamente fondos en virtud de un acuerdo de la agencia relacionado con presuntas infracciones del Título VII derivadas de un programa o unas prácticas de diversidad, equidad e inclusión, o relacionadas con estos.

Lockheed Martin negó las acusaciones, que, según dijo, se referían a prácticas del pasado, y señaló que no admitía responsabilidad. La empresa dijo que aceptó llegar a un acuerdo para evitar las distracciones y los costos de un litigio prolongado. Añadió que mantiene su compromiso de reconocer el desempeño, recompensar la excelencia y cumplir las leyes aplicables.

El Departamento de Justicia dijo que esta era su cuarta resolución bajo la Ley de Reclamaciones Falsas relacionada con acusaciones de discriminación racial contra empleados. El fiscal general asociado Stanley Woodward Jr. dijo que las empresas que hacen negocios con el Gobierno federal no deben tomar decisiones de compensación que antepongan la raza al mérito del trabajo de los empleados.

Fontes: HR Dive.